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Es factible conocer las cualidades de cada uno, para observar las ventajas y desventajas que tienen los asegurados.

l Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, reconocido en la LSS como un servicio público de carácter obligatorio para todo trabajador sujeto al apartado A del artículo 123 constitucional, así como sus beneficiarios. Cubre a los asegurados ciertas prestaciones cuando sufren algún riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez, muerte, cesantía en edad avanzada y vejez, entre otras contingencias (art. 4o., LSS).

Por su parte, los seguros privados son contratos, en virtud de los cuales una aseguradora se obliga, a resarcir un daño o a enterar una suma de dinero al asegurado (cliente) cuando se verifica alguna eventualidad prevista en el acuerdo celebrado (art. 1o., Ley sobre el Contrato de Seguro).

La autoridad ha enviado comunicaciones a los particulares solicitando su regularización en prevención de lavado de dinero.

El 3 de octubre de 2019 el SAT por medio del buzón tributario envió de manera masiva una serie de “cartas invitación” a miles de particulares solicitando que aclaren su situación jurídica relacionada con las denominadas “actividades vulnerables” previstas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Con la nueva figura "tercero colaborador fiscal", el SAT pretende obtener información que le sea valiosa para motivar sus resoluciones.

Conforme a la propuesta de reformas fiscales para 2020 se adicionaría el artículo 69-B Ter al Código Fiscal de la Federación (CFF). En esta disposición se establece que las autoridades fiscales podrán recibir y, en su caso, emplear la información y documentación que proporcionen terceros colaboradores fiscales, para substanciar el procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF, así como, para motivar las resoluciones de dicho procedimiento, en términos del precepto 63 de este CFF.

El 29 de abril de 2019 fue publicada en el DOF la RMISC 2019, que contempla la modificación a la regla 2.7.1.13

La expedición de CFDI con la versión 3.3 ha sido todo un reto tanto para los contribuyentes como para la autoridad, ya que a raíz de su aparición han surgido diversos problemas y dudas respecto a su aplicación.

Tal es el caso de los CFDI´s que amparan operaciones en las que las erogaciones las realiza un tercero. El 29 de abril de 2019 fue publicada en el DOF la RMISC 2019, que contempla la modificación a la regla 2.7.1.13 respecto a la forma de emitir CFDI por este tipo de operaciones.

En la propuesta de reforma para 2020 se establecen más requisitos para ser proveedor gubernamental.
En la iniciativa de propuesta de reforma fiscal para 2020 se señalan más prohibiciones para que el gobierno contrate con empresas adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública que no cumplan con las condiciones previstas en el artículo 32-D del CFF.

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